El delito de lavado de activos y financiamiento al terrorismo ha sido un tema que ha acaparado la atención de muchas personas, entidades privadas y públicas, gobiernos, organizaciones internacionales, entre otras. Con la aparición del coronavirus hace poco más de un año, hemos entrado en un periodo de adaptación el cual afecta al mundo entero, donde se ha tenido que luchar contra el virus y sus efectos colaterales, las distintas organizaciones se han visto forzadas a una rápida adaptación para ajustar sus modelos de negocio.

Analizando la nueva realidad desde un punto de vista de Riesgos, podríamos mencionar que uno de los efectos que nos ha generado la nueva realidad es incremento de la actividad delictiva relacionada con el lavado de activos dada la difícil situación económica presentada a nivel mundial. Dolorosamente, mientras muchas personas y empresas han tenido que ver mermados sus ingresos e incluso perder lo que con mucho trabajo les ha costado toda su vida, otras personas y organizaciones delictivas se han fortalecido y han encontrado en la pandemia el ecosistema perfecto para aumentar sus negocios ilícitos.

Efectos en los sectores vulnerables

En Costa Rica, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) señala las actividades del sector construcción como las más propensas para el flujo de dinero sospechoso, implicado en operaciones de criminalidad organizada para legitimar capitales dentro del sistema financiero nacional.

Dentro del top 10 de los eventuales oficios usados en este 2020 para movilizar recursos económicos de dudosa proveniencia destacan además las actividades de bufetes de abogados, compra y venta de bienes inmuebles, operaciones crediticias (préstamos cuenta a gota), peluquerías y salas de belleza; entre enero y octubre del 2020, a través del ICD las entidades bancarias han elaborado reportes de operaciones sospechosas (ROS) por hasta $250 millones.

Por otra parte, según la World Compliance Association (2020), en su artículo “El COVID 19 abrió las puertas para una nueva ola de lavado de activos” se ha indicado que los cambios en el día a día, traídos por la pandemia han provocado que se haya bajado la guardia con respecto al monitoreo y detección de actividades relacionadas con la legitimación de capitales, además, el auge que han tenido los medios de negociación electrónica tal como la utilización de las criptomonedas, han ayudado grandemente a contribuir con el ocultamiento de personas, las cuales mueven por este medio dinero de orígenes fraudulentos [1]. Adicionalmente, se suma la medida tomada por muchas entidades de recortar su personal dedicado a la prevención de lavado de dinero, por lo cual, se ha visto afectado el monitoreo que estas personas realizaban sobre las transacciones, situación que abre un portillo muy delicado para la ejecución de actividades destinadas al lavado de dinero.

Importancia de las Unidades de Cumplimiento

Esta falta de apoyo a las Unidades de Cumplimiento de las organizaciones se presenta porque las altas gerencias ven esta área como un área únicamente de control, es decir, las altas gerencias en primera instancia no se están dando cuenta del alto riesgo reputacional al que se enfrentan al verse inmiscuidos en una situación de lavado de dinero, por otra parte, no logran detectar el gran valor que tienen las Unidades de Cumplimiento con respecto a la gran cantidad de datos que estas áreas procesan; esta gran cantidad de datos son el “Oro Digital” de la actualidad ya que las empresas que controlen la mayor cantidad de información de sus carteras de clientes y datos relacionados podrán reaccionar de forma más eficiente ante las situaciones que le presente el mercado.

Según un comunicado publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se han detectado algunos fenómenos que pueden contribuir con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo [2]. Algunos de estos fenómenos son el aumento de fraudes financieros, estafas, tráfico de medicamentos falsificados, delitos de corrupción derivados de la adquisición de medicamentos producto de la lucha contra la pandemia, aumento en las transacciones financieras remotas o no presenciales, aceleración en el consumo de servicios derivados de actividades susceptibles para ser utilizadas en acciones ilícitas como, por ejemplo, casas de empeño, prestamistas, entre otras.

Estos fenómenos, mencionados anteriormente, deben ser analizados con mucho detenimiento para tratar de enlazarlos contra los comportamientos sospechosos, que, se puedan identificar dentro las transacciones realizadas, debido a que, al ser de reciente aparición, pueden ser difíciles de detectarlos o bien, nuestras herramientas aún no estén preparadas para tal monitoreo.

Recomendaciones brindadas por GAFILAT

Las organizaciones internacionales como GAFILAT buscan promover la prevención de Lavado de Activos con generación de contenido respecto a recomendaciones, es por ello, que se hace de gran importancia tomar en consideración lo indicado por este organismo:

  • Ejercer un constante contacto con las entidades supervisoras y reguladores
  • Fomentar la utilización de un enfoque basado en riesgo
  • Avivar el uso responsable de servicios financieros y no financieros
  • Fortalecer la cooperación internacional entre autoridades competentes en materia de LA/FT
  • Impulsar el uso de la identidad digital

Como producto de los fenómenos identificados por GAFILAT y por las diferentes situaciones que ya más de uno ha vivido por experiencia propia desde el inicio de la pandemia, es que se hace necesario tomar nuevas medidas con el afán de no convertirnos en blancos de los criminales.

Algunos ejemplos de estas medidas, los cuales podemos poner en práctica en nuestras organizaciones son los siguientes:

  1. Monitoreo de transferencias del exterior: Por medio del establecimiento de alertas de monitoreo automatizadas, se analiza el comportamiento de los clientes, poniendo énfasis a personas jurídicas, y en donde la habitualidad de las transacciones se salga del comportamiento histórico promedio conocido del cliente, las cuales correspondan a transacciones desde o hacia el exterior.
  2. Monitoreo de fondos obtenidos por otros medios: Mediante el establecimiento de alertas de monitoreo automatizadas, se analiza la entrada y/o salida de dinero desde o hacia cuentas de actividades que puedan ser más susceptibles en actos ilícitos relacionados con LA-FT como, por ejemplo, casas de empeño, casinos, prestamistas, entre otros.
  3. Monitoreo de clientes con reducción de salario o suspensión de contrato: En caso de que los clientes hayan sido afectados con la reducción de salario, despido o suspensión en sus contratos, se debe monitorear que este cambio en sus ingresos sea acorde al perfil transaccional presentado por el cliente. Sería muy sospechoso que un cliente al cual se le redujo su jornada laboral incremente o siga con el mismo nivel de transaccionalidad. Esta medida se puede implementar por medio del establecimiento de alertas de monitoreo automatizadas.
  4. Monitoreo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL): Con el establecimiento de alertas de monitoreo automatizadas se analiza el incremento en los montos transados de las OSFL los cuales, no tengan un sustento lógico y robusto.
  5. Empresas que van a quebrar y reciben dinero del lavado de dinero: Con la ayuda del establecimiento de alertas de monitoreo automatizadas se analiza el comportamiento de sociedades jurídicas que desde el inicio de la pandemia hayan presentado descensos en las sumas transadas y que de un momento a otro tienen repuntes sin justificación en sus transacciones.

Automatizando las Unidades de Cumplimiento

La optimización en los procesos automatizados de Monitoreo para Prevención de Lavado de Activos, toma cada vez más importancia, debido a que las organizaciones regularmente cuentan con poco personal para estas tareas, y la nueva normalidad COVID-19, sugiere un incremento en la complejidad de la operativa, por lo que desde SNAP COMPLIANCE recomendamos altamente fortalecer las herramientas tecnológicas, las cuales intervienen en sus programas de Compliance, con el objetivo de mitigar los riesgos inherentes a la organización, ya que, mientras más preparadas estén las áreas destinadas a las distintas líneas de defensa, menor oportunidad tendrán los delincuentes para desarrollar sus actividades.

En el caso particular de Costa Rica, a partir de diciembre del 2020 la Superintendencia General de Entidades Financieras dio inicio con la evaluación de un nuevo grupo de sujetos obligados por medio del acuerdo SUGEF 13 – 19 los cuales son denominados APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, mediante la ley 7786 y sus reformas, las cuales son consideradas como vulnerables para ser utilizadas para el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva).

Dentro de este nuevo grupo se encuentran los casinos, organizaciones sin fines de lucro (OSFL), comerciantes de metales preciosos y piedras preciosas, actividades de remesas, contadores, abogados, casas de empeño, compra y venta de bienes inmuebles, entre otras. Uno de los retos que tienen estos nuevos sujetos obligados es la supervisión por parte del ente regulador de sus procesos tales como la identificación de riesgo de su operación, creación de matrices de riesgo, identificación de los beneficiarios finales por medio de debidas diligencias, la identificación de sus clientes tanto habituales como ocasiones, la definición y aplicación de políticas para una debida diligencia, debida diligencia simplificada o debida diligencia reforzada, entregar información en formatos XML a la superintendencia en donde se reporte información sobre sus canales transaccionales, orígenes de los recursos, niveles de riesgo de clientes, entre otros.

Aunado a las situaciones anteriormente descritas, las entidades supervisadas se están viendo obligadas a procesos de auditoria más robustos por parte de los entes reguladores los cuales, están solicitando la entrega información de manera más detallada y en periodos más cortos, requiriendo una mayor inversión de recursos de manera tal que se hace necesario contar con herramientas tecnológicas que faciliten las tareas de entrega de información en tiempo y forma.

Reflexión

Las organizaciones son el sueño y sustento de muchas personas, por lo cual, hoy en día darle importancia a la reputación empresarial cobra mucho más peso, las distintas normativas que le aplican a las organizaciones, cada vez incorporan controles más estrictos y multas o sanciones más agresivas, por lo que si en algún momento usted como Director, Fundador o Socio de una organización decide minimizar la importancia al tema de control de sus riesgos pregúntese primero:

¿Vale la pena poner en riesgo su reputación y el sustento de los colaboradores de la empresa para la que labora?

 

Referencias: